El Colegio Brasileño de Radiología e Imagen Diagnóstica (CBR) y otras 34 entidades médicas aprobaron un manifiesto en el que expresan su oposición a la decisión judicial que suspendió partes de la Resolución N° 2.448/2025 del CFM. Preocupados por la protección del paciente y la garantía de una atención segura, el documento recalca que la auditoría es un acto exclusivo de los médicos y debe llevarse a cabo con autonomía, responsabilidad técnica y compromiso con la calidad de la atención.
Según el texto, la suspensión de las disposiciones incluidas en la Resolución representa un riesgo para la calidad de la atención, ya que podría comprometer la autonomía médica, fomentar conflictos de intereses y dificultar el acceso de los pacientes a diagnósticos y tratamientos adecuados.
En representación del Colegio Brasileño de Radiología (CBR) estuvieron presentes el presidente, Dr. Rubens Chojniak; el director de Relaciones Institucionales, Dr. Bernardo Tessarollo; y el director de Defensa Profesional, Dr. Marcelo Lauar. La reunión fue organizada por el Consejo Federal de Medicina (CFM) en su sede de Brasilia (DF).
Glosario repetido – El presidente del CFM (Consejo Federal de Medicina), Dr. José Hiran Gallo, celebró la adhesión de las entidades. En su opinión, esta decisión confirma el impacto negativo de las reiteradas denegaciones de procedimientos médicos por parte de las aseguradoras de salud. “Es muy importante que estemos unidos en este tema. La situación actual es insostenible, con procedimientos médicos denegados por personas no profesionales de la salud e incluso de forma automatizada. Debemos unirnos contra esta situación”, afirmó.
Ante este panorama, el CFM (Consejo Federal de Medicina) y la Asociación Médica Brasileña (AMB) declararon que adoptarán medidas para restablecer la efectividad de la Resolución No. 2.448/2025, reforzando su compromiso con la ética médica, la seguridad del paciente y la mejora de la práctica profesional.
Entre los puntos principales que destacan las organizaciones en el manifiesto se encuentran la defensa de la autonomía del médico tratante y del auditor, la prohibición de vincular la remuneración con el número de reclamaciones rechazadas, medida considerada esencial para evitar conflictos de intereses y garantizar la imparcialidad de la auditoría. Además, prohíbe el rechazo de procedimientos que ya han sido autorizados y realizados.
Evaluación presencial – El texto también subraya la necesidad de una evaluación presencial del paciente por parte del médico auditor, lo que impide tomar decisiones basadas únicamente en el análisis de documentos, y aboga por el cumplimiento de los protocolos clínicos reconocidos, así como de los enumerados por la Agencia Nacional de Salud Suplementaria y el Sistema Unificado de Salud (SUS).
Para el presidente de CBR, Rubens Chojniak, La suspensión de algunos apartados de la Resolución representa un retroceso en la forma en que se lleva a cabo la auditoría médica. «La auditoría debe estar alineada con la práctica clínica y la responsabilidad del médico. Cuando las decisiones comienzan a verse influenciadas por criterios ajenos a la medicina, se produce un desequilibrio que puede comprometer tanto la calidad de la atención como la seguridad del paciente», afirma.